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24 de mayo de 2016 - 15:19 pm

Mitos y realidades de la función pública

Mitos y realidades de la función pública

Quién no ha escuchado en los discursos mediáticos, las campañas políticas, la publicidad de los partidos políticos o en las campañas de los propios políticos, que la política y los cargos públicos son para “servir a la gente”, para “hacer algo por la gente” o trabajar “por nuestra gente”.

La realidad es que el servidor público cada vez está más alejado de lo que debería ser su función; de hecho, hasta ha sido necesario crear en nuestro país una Secretaría de la Función Pública para que las dependencias y los funcionarios públicos cumplan con la función que les fue asignada, transparenten el uso de los recursos, los asignen de manera honesta y los empleen eficientemente.

Hoy, pareciera que la burocracia, los funcionarios, las instituciones y la clase política en casi todas partes del mundo se han volcado en contra de la ciudadanía; eso sí, primero van por el voto, después por la aprobación dolosa de las iniciativas y luego por el sojuzgamiento.

Simplemente, en nuestro país, no han cesado los embates contra los trabajadores; pues ni los sistemas de justica, las instituciones, ni los organismos internacionales hacen nada por la gente. Por el contrario, se han montado en una especie de confabulación amparada en la corrupción, la complicidad y la antidemocracia para atentar contra los intereses de las mayorías que forman parte de la clase trabajadora.

El caso más palpable es la iniciativa del IMSS y la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de reducir las pensiones de Jubilación de 25 a 10 salarios mínimos; resolución que agrava la capacidad de ingresos de los futuros pensionados, quienes aun si recibieran actualmente esos 25 salarios, apenas estarían obteniendo en términos reales el equivalente a 10 salarios mínimos de 1973, según la Fundef.

Esta antipopular iniciativa es respaldada por la OCDE, si no es que promovida, para atentar contra los ingresos futuros de los trabajadores próximos a jubilarse. Pero no es de sorprender, pues nosotros mismo hemos sido responsables de votar por representantes, que más que representar a la sociedad, representan a las clases o a los grupos que detentan el poder y se nutren económica y políticamente de los ingresos públicos que generamos nosotros los ciudadanos con el pago de nuestros impuestos.

La función pública se ha convertido en una manera fácil de hacer dinero, de tomar decisiones en función de objetivos e intereses personales en nombre de los ciudadanos y de caminar impunemente por el mundo gozando de inmunidad diplomática.

Por el contrario, los verdaderos ciudadanos, la clase trabajadora, tiene que trabajar con salarios cada vez más reducidos y cada vez más miserables; pues según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, en México, actualmente se gana en términos reales un salario de 27.9 pesos por hora, contra 29.5 que se ganaban en 2005.

La misma encuesta muestra que en 2005 un trabajador informal tenía un nivel educativo promedio de 6.9 años y actualmente es de 8.1 años de escolaridad, pero paradójicamente, ahora gana menos.

Así las cosas, pareciera que los servidores o funcionarios públicos, están cada vez más enfocados a promover iniciativas que van en contra de quienes inocentemente han votado por ellos para representarnos en el Congreso, las Cámaras de Diputados o en los distintos niveles de gobierno.

Por eso, lejos de velar por nuestro bienestar o nuestro progreso, adoptan medidas o iniciativas que buscan reducir los gastos sociales en pensiones, salud o educación, con el supuesto propósito de mantener en equilibrio las finanzas públicas; mientras que ellos no tienen que preocuparse por sus gastos de representación, la inflación o el deterioro real de su poder adquisitivo.

La manera de frenar estos abusos es tomando medidas como lo han hecho en otros países en contra de funcionarios abusivos, corruptos y autoritarios; haciéndolos que renuncien o removiéndolos de sus cargos.

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